La formación continua de los trabajadores no es una prioridad en las empresas españolas. Y eso que existen bonificaciones destinadas a tal efecto que reducen un 60% el coste de la inversión para las grandes compañías y llegan a cubrir el 100% de la financiación en el caso de las pymes. Pese a todo, durante 2008, sólo el 12% de las empresas que tenían acceso a estos fondos impartieron cursos a sus empleados, según un informe publicado ayer por la empresa de formación Garben basado en los datos de Fundación Tripartita. El desconocimiento de las ayudas, la alta temporalidad y la falta de una cultura de preparación profesional continua son algunas de las claves del problema.

Este tipo de bonificaciones está disponible desde 2004. Los planes de formación profesional se alimentan de las cotizaciones a la Seguridad Social que efectúan empresas (un 0,6%) y trabajadores (un 0,1%) por este concepto. Así, cada compañía tiene a su disposición una cantidad de dinero, dependiendo del número de empleados que tenga, para financiar la formación de su plantilla. El pasado año, 1.667.865 empresas podían percibir ayudas -los autónomos sin empleados no tienen derecho-, pero sólo las solicitaron 200.708.

El Estado les concedió un total de 575,2 millones de euros, pese a lo que las compañías tan sólo invirtieron el 68% del montante recibido. Sin ser grandes datos, lejos quedan estas cifras de los 318 millones de euros repartidos en 2005, cuando sólo 60.165 empresas se beneficiaron del fondo. Desde entonces, la difusión de esta posibilidad ha incrementado progresivamente el número de interesados.

Las pequeñas empresas, sin embargo, siguen lastrando el resultado. Mientras que el 81% de las grandes compañías ya aprovechan esta financiación, apenas y el 37% de las medianas (entre 10 y 249 empleados) y sólo el 8% de las pequeñas empresas se sirven de estos planes.

‘Las pymes son libres de elegir cuándo, cómo y donde forman a sus empleados’, subraya el presidente de Garben, Manuel Garrido. No obstante, la valoración que los empresarios hacen de la preparación de su plantilla sigue siendo muy baja, y pese a que su coste sea cero, no se apuesta por una mejora cualitativa del personal. El fenómeno se acentúa en el caso de los trabajadores temporales, en quienes las empresas no se molestan en invertir ni el tiempo en solicitar los fondos.

Los expertos de Garben se temen, además, que la crisis incida negativamente y que los cursos de formación sufran un retroceso durante este año. El hecho de que las empresas deban adelantar el dinero para recibirlo al cierre del ejercicio impedirá a aquellas compañías con problemas de tesorería afrontar el desembolso inicial.

FUENTE: Cinco Días
Fecha de Publicación: Noviembre 2009

El Consejo de Ministros aprobará su plan de prestación por cese de actividad para los trabajadores autónomos el próximo 13 de noviembre, pese a que las asociaciones del colectivo no están del todo conformes. Desde UPTA esperan que la tramitación parlamentaria amplíe la cobertura, e intentarán comprometer al Gobierno a revisar el sistema en dos años. ATA, por su parte, considera inaceptable que los autónomos deban cotizar durante un año para recibir dos meses de cobertura, hasta un máximo de medio año de prestación por 36 meses de cuotas.

Éstas serán voluntarias -excepto para colectivos de riesgo y autónomos dependientes- e incluirán indivisiblemente la cotización por contingencias comunes y profesionales. El Gobierno cree que, teniendo en cuenta a los autónomos agrarios, 550.000 trabajadores por cuenta propia se adscribirán al sistema en 2010. El borrador definitivo desarrolla, además, los supuestos en los que podrán recibir la prestación, como registrar una caída de la actividad superior al 40% o sufrir un 50% de impagos.

FUENTE: Cinco Días
Fecha de Publicación: Noviembre 2009

Bruselas también da una de arena y ha alertado de la «prolongada» caída del empleo, que en octubre situó el número de parados en 3,8 millones de personas, y del impacto negativo de la subida del IVA.

Se está destruyendo empleo a marchas forzadas. Desde que ha arrancado la crisis, han caído más de 1,5 millones de puestos de trabajo en España. En este contexto, se puede llegar a pensar que subvencionar la contratación a través de bonificaciones ayuda a crear empleo o al menos a frenar la sangría. Pero un informe encargado por el Ministerio de Trabajo lo pone en duda. ‘Los contratos incentivados no han logrado contribuir a la creación de empleo o a la reducción del paro’, reza el documento en sus últimas líneas. Aunque inmediatamente matiza: ‘Este resultado no debe sorprender demasiado, dado que el objetivo de las políticas de bonificación no era tanto la creación de empleo como la reducción de la temporalidad’.