El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, y los principales líderes de la patronal y los sindicatos se reunieron a última hora de ayer en el penúltimo intento por lograr pactar la reforma del mercado de trabajo. La cita se saldó, como de costumbre, sin el ansiado consenso. La principal novedad es que acudieron al encuentro con un calendario definitivo. ?El Gobierno aprobará la reforma laboral el próximo 16 de junio en Consejo de Ministros, se produzca un acuerdo o no?, aseguraba a mediodía el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero. La elección de la fecha no es casual.

Acuciado por la fuerte inestabilidad de los mercados y por las reclamaciones de los mandatarios vecinos, Zapatero se garantiza con este calendario cierta comodidad en la silla presidencial del Consejo de la UE. Deberá ocuparla los días 17 y 18 del mes, por lo que encarará a sus interlocutores luciendo una flamante reforma laboral -consensuada o no- junto al drástico recorte del gasto social que ha promovido. Una situación bien diferente a la que afrontó la vicepresidenta económica, Elena Salgado, cuando sus homólogos europeos le exigieron austeridad y reformas a comienzos de mayo.

Zapatero, que hizo estos anuncios aprovechando la rueda de prensa conjunta que daba con el primer ministro paquistaní, Yusuf Razá Guilani, adelantó también que la reforma afectará ?a aspectos esenciales del mercado laboral? y que el Gobierno ya tiene avanzado un posible modelo. La noticia fue recibida con frialdad por los sindicatos, que opinan que la determinación del presidente ?desincentiva? la negociación. Más acogida tuvo entre la patronal, donde están convencidos de que la voz de los organismos internacionales y la presión que se ejerce sobre la deuda soberana inclinarían un eventual decreto impuesto hacia sus posiciones.

En este escenario afrontaron los agentes sociales su cita con Corbacho. Pese a que éste se había comprometido con ellos a presentarles una nueva propuesta del Ejecutivo, ésta no llegará hasta el miércoles.

La gran demanda era que Trabajo pusiera sus cartas sobre una mesa de negociación en la que está apunto de romperse la baraja. Peligran, a estas alturas, hasta algunos de los puntos que mayor consenso reunían. Es el caso de la reordenación de las bonificaciones al empleo y del plan de conversión de trabajadores temporales en fijos. Antes de aprobar el recorte del gasto social, el Gobierno ofreció ?hasta 1.200 millones de euros? para sustentar estas medidas, según revelan fuentes cercanas a la negociación. Está por ver si mantiene su oferta. Lo mismo ocurre con la posibilidad de utilizar los 3.600 millones euros del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para cubrir el 40% de los costes del despido de las empresas. Esta especie de modelo austriaco ?a la española? está en duda, debido a que el montante del Fogasa está invertido en deuda del Estado, y no es seguro que Trabajo esté dispuesto a tocarla ahora.

En un comunicado conjunto, los interlocutores señalaron que tras los ?avances en algunas materias? -sin especificar cuales- de la cita, continuarán negociando. El difícil acuerdo sigue embarrado en el interminable debate de los costes del despido, y las posibilidades de pacto descansan ya en la cita del próximo miércoles día 9, la última programada.

FUENTE: Cinco Días
Fecha de Publicación: 03-06-2010

La reforma laboral será una señal de confianza, más que un efecto inmediato en el empleo», admitió ayer el director general de Trabajo, José Luis Villar. Por eso, ante la acuciante necesidad del Gobierno de lanzar un mensaje de aplomo a los revueltos mercados que ha dejado la tempestad griega, y a un país que se aproxima peligrosamente a los cinco millones de parados, ha decidido actuar. «No va a pasar de este mes sin que se tomen medidas», aseguró Villar, que aclaró que haya o no acuerdo con los agentes sociales, el Ejecutivo aprobará el paquete de forma «urgente» mediante un decreto ley.

Así, el calendario insinuado por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, la pasada semana fue apuntalado ayer por Villar, que participaba en las jornadas «Presente y futuro de la reestructuración de plantillas en España» que organizó la Asociación por el Progreso de la Dirección, Mercer y Creade.

Sobre la mesa, el director general de Trabajo puso el ejemplo de marzo del pasado año, cuando su Ministerio aprobó en solitario un «paquete de medidas urgentes para el mantenimiento del empleo» ante la incapacidad de sumar las firmas de los sindicatos y la patronal.

Este decreto permitía, por ejemplo, poner el contador de prestaciones a cero para los trabajadores que las consumieran en un ERE de suspensión temporal del empleo y terminaran siendo despedidos. Lo que Villar no recordó ayer es que la tramitación parlamentaria de dicha norma se alargó hasta finales de año, y fue una ventana abierta para las enmiendas del resto de grupos políticos que aprovecharon la debilidad del PSOE en el Congreso. Lo mismo que, previsiblemente, le ocurriría ahora a la reforma laboral si no va «blindada» por el consenso de las organizaciones empresariales y sindicales.

En este sentido, el director adjunto del departamento de relaciones laborales de la CEOE, Francisco Avendaño, declaró en el mismo foro que la patronal está dispuesta para el pacto, si bien no aceptará una reforma «tibia».

A su vez, el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, manifestó su confianza en que su formación y UGT podrán presentar un acuerdo «importante» con la CEOE en un «espacio corto de tiempo».

«Como ya hemos tenido varios reveses, prefiero no generar expectativas que luego no se puedan cumplir», matizó Toxo, en referencia al sonado fracaso que protagonizó el diálogo social tripartito en julio de 2009. El líder sindical, que participó en un seminario europeo sobre el mercado laboral, confirmó que sindicatos y patronal han «acelerado» la negociación bilateral para limar el pacto.

FUENTE: Cinco Días
Fecha de Publicación: 06-05-2010

El paro bajó en España en torno a unas 24.000 personas en abril, la primera caída desde julio del 2009, según fuentes de la Administración, aunque el dato no se anunciará oficialmente hasta el martes. Esta bajada rompe una racha de ocho meses consecutivos de aumento. En abril del año pasado, el desempleo creció en 39.478 personas. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ya adelantó ayer en Llerena (Badajoz) que las cifras del paro de abril serían ‘buenas’.

FUENTE: La Vanguardia
Fecha de Publicación: 02-05-2010

En concreto, el Gobierno dará luz verde a un decreto ley que incluirá 24 de las 54 medidas anticrisis que propuso a los grupos políticos el pasado 25 de marzo.

En la norma se hará hincapié en los incentivos fiscales a la rehabilitación, si bien no incluirá el tope máximo de 39.407,20 euros de renta anual que se planteó anteriormente para la nueva deducción y se limita a enunciar que ‘decrecerá progresivamente para los contribuyentes con rentas más altas’.

La deducción será del 10% para contribuyentes de renta inferior a 33.007 euros con un límite del 4.000 euros anuales por vivienda para obras de mejora de la vivienda habitual hasta el 31 de diciembre de 2012, pudiendo deducirse las cantidades excedentes a lo largo de los cuatro ejercicios siguientes, con el mismo límite anual y con un máximo total de 12.000 euros.

Asimismo, se aprobará la reducción del IVA para todo tipo de obras de mejora de vivienda, fijando el tipo reducido para las obras realizadas hasta el 31 de diciembre de 2012. En esta misma línea, se ampliará el concepto de rehabilitación estructural a efectos de IVA definiendo las obras análogas y conexas a las estructurales con el objeto de reducir los costes fiscales asociados al proceso de rehabilitación.

También se incluirá la petición de ICV de reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil para elevar el umbral de inembargabilidad en los supuestos de ejecución hipotecaria sobre su vivienda habitual, teniendo en cuenta la existencia de familiares a cargo del obligado, si bien no se explicita de qué forma se distribuirán.

Además, se aplicará el tipo superreducido de IVA a los servicios de atención a la dependencia prestados por las empresas integradas en el sistema de autonomía y atención a la dependencia mediante plazas concertadas en centros o residencias.

Dentro del paquete de medidas que aprobará hoy el Gobierno está también la concesión directa por parte del ICO de créditos a pequeñas y medianas empresas de hasta 200.000 euros, asumiendo el organismo el 100% del riesgo de la operación.

Entre las medidas que autorizará este viernes el Gobierno se encuentra también la de eximir a los trabajadores de tributar en el IRPF las cuantías satisfechas por las empresas para desplazamientos entre la residencia y el centro de trabajo en transporte público, con el límite de 1.500 euros anuales.

Además se incluyen otras medidas para pymes, como la flexibilización de los requisitos para recuperar el IVA en el caso de impago de facturas, acortando el plazo de 1 año a 6 meses.

También se revisarán los requisitos de reinversión de los fondos derivados de las titulizaciones FTPYME, permitiendo que se destinen a financiar activo circulante de pymes. Ahora la reinversión debe estar destinada a financiar proyectos de inversión.

Asimismo, se incorporará la petición de CIU de simplificar para las pymes las obligaciones de documentación en operaciones vinculadas. No afectará en ningún caso a las operaciones con paraísos fiscales.

El decreto ley reformará la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y de la Ley de Subvenciones para posibilitar la continuidad de la relación contractual o de las subvenciones con las empresas sometidas a procedimientos de concurso ‘cuando de ello no resulte lesionado el interés público’. También se amplía a 2011 y 2012 la prórroga de la libertad de amortización siempre que se mantenga el empleo.

Por otro lado, se revisará la definición de empresas de servicios energéticos como elemento de dinamización de la rehabilitación del parque existente de edificios con vistas a la reducción del consumo energético y se adoptarán las reformas legales necesarias para asegurar la pronta contratación y realización de un plan de obras de rehabilitación y eficiencia energética en las administraciones públicas, mediante la contratación de este tipo de empresas.

El objetivo será alcanzar un ahorro del 20% del consumo energético en el horizonte 2010-2012 en 2000 edificios públicos de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas y entidades locales.

‘Son medidas en positivo, que suman esfuerzos, frente a aquellos que se han instalado en la negación por la negación y que plantean la situación económica como una inversión electoral’, destacó ayer la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.

FUENTE: Cinco Días
Fecha de Publicación: 09-04-2010