El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ofrece a las agencias privadas de colocación entre 300 y 3.000 euros por cada parado al que encuentren trabajo durante un tiempo mínimo, así como un 15% de esas cantidades por la resolución de irregularidades que concluyan con alguna sanción al desempleado. Estos son algunos de los incentivos establecidos por el SEPE en el pliego de condiciones de la licitación de contratos de colaboración para la inserción de personas desempleadas, a los que las empresas interesadas pueden optar presentando sus ofertas económicas hasta el próximo 30 de agosto.

El pliego, publicado en la web del organismo público, incluye los precios máximos unitarios de licitación (IVA incluido), que oscilan entre los 300 euros por la colocación de menores de 45 años que lleven de 3 a 6 meses en el paro y los 3.000 euros por encontrar empleo a mayores de 45 años que lleven más de 2 años desempleados. La cuantía por inserción se cobrará siempre que las personas colocadas en el mercado laboral estén contratadas por un plazo equivalente al menos a seis meses a tiempo completo en un periodo de ocho meses. En el caso de contratos fijos discontinuos, la duración mínima requerida es de seis meses a tiempo completo en el periodo de un año. La cantidad a pagar podrá ser minorada si las inserciones se producen mediante contrato a tiempo parcial.

La licitación ofrece también la posibilidad de pagar una cuantía fija por cada persona en paro encomendada a la agencia, independientemente de si se le encuentra trabajo, que no podrá superar el 50% de la cuantía por inserción, con un máximo de 400 euros. A ello se suma el incentivo de hasta 1.000 euros por la especial dificultad de inserción de la persona encomendada (personas con discapacidad o riesgo de exclusión) y el incentivo por el mantenimiento continuado del empleo por otros seis meses adicionales, que podrá alcanzar hasta el 50% de la cuantía por inserción. Además, se ofrece un pago de hasta el 15% de la cuantía de inserción por la resolución de irregularidades que concluyan con la imposición de alguna sanción al desempleado y que se pagará aunque no se le consiga empleo.

Los contratos ofrecidos por el SEPE tendrán una duración de dos años con posibilidad de prórroga por dos años más y están dirigidos a agencias de colocación acreditadas que demuestren solvencia económica y financiera, además de solvencia técnica y profesional. Serán los servicios públicos de empleo los que designen al grupo de personas desempleadas que cada agencia tendrá encomendado para su inserción laboral. Las agencias de colocación no percibirán pago alguno por parte de los servicios públicos de empleo por las personas encomendadas si obtuvieran también una remuneración por esas mismas personas por parte de su empleador.

Fecha de Publicación: 24 de agosto del 2013

Fuente: http://www.gesdocument.com

Un decreto ley establece la ampliación automática del plan Prepara mientras la tasa de paro supere el 20%

Este viernes entra en vigor la prórroga automática del Plan Prepara, en el que se incluyen ayudas de hasta 450 euros mensuales para parados de larga duración sin ingresos, al no haberse reducido la tasa de paro por debajo del 20%.

El Gobierno aprobó el pasado 25 de enero un real decreto ley en el que se establecía la prórroga automática de este programa por periodos sucesivos de seis meses hasta que la tasa de paro, según la Encuesta de Población Activa (EPA), no baje del 20%.

Según explica el Ejecutivo en una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la tasa de paro del segundo trimestre ha sido del 26,26%, porcentaje que mejora en nueve décimas la tasa del trimestre anterior pero que continúa por encima del 20%. Por este motivo, el Gobierno procede a prorrogar por otros seis meses del plan Prepara.

El plan incluye ayudas económicas de 400 o 450 euros, según los casos, con una duración máxima de seis meses. Tras los últimos cambios en el plan, realizados hace un año, se tienen en cuenta los ingresos de los ascendientes (padres) a la hora de valorar si el desempleado cumple el requisito de rentas exigido para poder cobrar la ayuda de 400 euros.

Para beneficiarse del Plan Prepara, los solicitantes deben estar inscritos como demandantes de empleo y carecer de rentas de cualquier naturaleza superiores en cómputo mensual al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (481 euros), excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. Se entiende que se cumple el requisito cuando la suma de las rentas de los integrantes de la unidad familiar, incluida la del solicitante y dividida por el número de miembros que la componen, no supere esos 481 euros.

La ayuda alcanza los 450 euros en aquellos casos en los que los beneficiarios tienen a su cargo a dos miembros de la unidad familiar, además de a su cónyuge o pareja de hecho. Para el resto de los desempleados, la ayuda es de 400 euros mensuales.

Fecha de Publicación: 16 de agosto del 2013

Fuente: http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/entra-vigor-prorroga-ayuda-hasta-450-euros-para-parados-sin-ingresos-2580233

Hacienda ha devuelto ya 6.300 millones de euros -el 6,3 % más que en la misma fecha de campaña del pasado año-, a 10 millones de contribuyentes del IRPF -el 2,2 % más-, según los datos actualizados hasta hoy, un día antes de cerrarse la campaña 2012, que termina el 1 de julio. Hasta el pasado jueves, se presentaron 16,2 millones de declaraciones, el 2,7 % más, de las que 8,2 millones fueron borradores confirmados, el 6,2 % más. Esta campaña ha supuesto un impulso significativo de la tramitación de las declaraciones por internet, según los responsables de Hacienda. Así, por este sistema se confirmaron 5,5 millones de borradores (el 15,7% más) y 5,7 millones de declaraciones elaboradas por otros métodos (el 13,3% más).

Esto significa que 11,2 millones de declaraciones han sido presentadas por internet, lo que supone 1,4 millones más que en las mismas fechas de la campaña del pasado ejercicio y 3 millones más que en la de hace dos años. Las previsiones de Hacienda expuestas en abril preveían devolver 10.665 millones de euros, el 4,56% menos que hace un año, a 14,9 millones de contribuyentes, el 0,95 % menos. Además, calculaba que se presentarán este año 19,5 millones de declaraciones, de las que 4,1 millones serán con resultado a ingresar, por importe de 6.525 millones, el 3,21 % más.

Si bien, dicho todo esto, fuentes de Hacienda han confirmado a que en el último día de campaña siempre se presenta una cantidad muy importante de declaraciones.

Fuente: CincoDías

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Los trabajadores a tiempo parcial podrán acceder a una pensión pública sin haber cotizado los 15 años completos que se exigen al resto de cotizantes. A cambio tendrán una pensión menor, que no podrán compensar con los complementos de mínimos que se aplica a las pensiones más bajas y se pagan con impuestos para que lleguen a un mínimo que fija el Gobierno de turno. Esta es la base del acuerdo que ultima el pacto de Toledo para resolver el problema creado por las sentencias del Tribunal de Luxemburgo y del Constitucional, que ha puesto en un brete las cuentas de la Seguridad Social desde abril porque supone un aumento de gasto de 1.900 millones de euros. La propuesta que ha elaborado el Ministerio de Empleo, y ha remitido también a los agentes sociales para que la estudien, plantea que para acceder a la pensión (de jubilación, muerte y supervivencia o incapacidad permanente) sea necesario acreditar 15 años en alta a la Seguridad Social, pero independientemente de que hayan cotizado a tiempo parcial o completo.

Para ello se les aplicará un «coeficiente de parcialidad». Este mide la proporción de jornada realizada con relación a la de un trabajador a tiempo completo y total de días cotizados. La empresa tiene que comunicarlo en el momento en que firma el contrato. Posteriormente, se suman estos días con los que haya trabajado a tiempo completo. Además, se aplica un «coeficiente global de parcialidad», que es la proporción de los días cotizados sobre el total de días de alta y que se aplicaría a los tiempos de carencia. Es lo que le permitiría tener una pensión con un periodo de cotización acreditada inferior a 15 años. Para calcular la cuantía de la pensión se aplica un porcentaje que varía en función de los años cotizados y que también se ajusta. Con 15 años se accede al 50% de la pensión, y la proporción aumenta cada mes adicional en dos tramos hasta el 100%.

El resultado es que se tienen en cuenta «los días efectivamente cotizados por cada trabajador a tiempo parcial, calculados en función de su coeficiente de parcialidad». Y «tendría derecho a pensión con el mismo número de años en alta laboral independientemente del porcentaje de jornada trabajada, equiparando con ello el derecho a pensión de los trabajadores en jornada completa con los trabajadores a tiempo parcial». Es decir, que se resuelven los dos mandatos judiciales: cambiar el tiempo exigido para generar el derecho y la forma de calcular la pensión. Al mismo tiempo, se establece una diferencia lógica entre quienes han trabajado toda la jornada y quienes han trabajado sólo media (por tratarse de una opción personal o porque no han encontrado un empleo mejor) y, además, se evita que se compre el derecho a una pensión pública.

El Ministerio se limita a «sugerir» a los agentes sociales que «reflexionen» que no se puede dar la misma prestación a quien ha trabajado un mínimo de 8 horas diarias durante 15 años que quien lo ha hecho sólo 4 en el mismo periodo. La finalidad, dice, es evitar «agravios comparativos». Podría darse el caso de que un trabajador pactara con su empresa ingresar el importe de esas aportaciones para tener un sueldo mayor o que decidiera reducir su jornada a la mitad, sin que ello mermara la pensión. Según la EPA, en la actualidad hay cerca de 2,6 millones de trabajadores con contratos a tiempo parciales, contratos de relevo a tiempo parcial y contratos de trabajo fijo-discontinuo, que son los afectados por esta nueva normativa, el 12,6% de la población activa. El dato relevante es que, de ellos, más de dos millones son mujeres.

En el 2012 la Seguridad Social aprobó 32.714 prestaciones para cotizantes que habían tenido contratos parciales en algún momento con un importe medio de la pensión inicial de 832,3 euros. Sin embargo, denegó 2.947 solicitudes, el 40% de las cuales tendría pensión con la nueva fórmula que se está estudiando. Por otra parte, el Gobierno estudia una bajada selectiva de cotizaciones, que se podrían aplicar a partir del 2014. Se trata de una de las exigencias realizadas por la Comisión Europea para facilitar las ayudas al empleo de los jóvenes, que se elevan a 1.900 millones. Estas condiciones se concretarán en la cumbre de empleo en Berlín.

Fuente: LaVanguardia

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