Autor: XPinyol

La pensión contributiva media de la Seguridad Social ascendió el pasado 1 de diciembre a 6.537 millones de euros, un 6,5 % más que en el mismo mes de 2008, según la estadística hecha pública hoy por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

La pensión media de jubilación del sistema de la Seguridad Social alcanzó este mes la cuantía de 861,49 euros al mes,lo que supone un 4,9% de incremento con respecto al mismo mes del pasado año. En cuanto a la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó en 759,86 euros al mes, lo que supone un aumento interanual del 4,8%.

En diciembre, el número de pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó la cifra de 8.604.119 pensiones, lo que representa un crecimiento interanual del 1,7 %. Más de la mitad de las pensiones son por jubilación, 5.087.586; 2.281.270 son por viudedad; 930.881 por incapacidad permanente; 266.546 por orfandad y 37.836 a favor de familiares.

FUENTE: ABC
Fecha de Publicación: 30-12-2009

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, informa hoy al Congreso de los Diputados del contenido de la Ley de Economía Sostenible, con la que el Gobierno pretende cambiar el modelo de crecimiento y para la que espera contar con el mayor consenso posible.

El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobaba el anteproyecto de la norma, cuyo texto todavía no se va a remitir al Congreso, porque el Ejecutivo quiere debatirlo con los agentes sociales, los partidos y las comunidades autónomas. La ley entrará en vigor en el verano de 2010, aunque la norma estará acompañada por el Fondo de Economía Sostenible, gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que asciende a 20.000 millones de euros y que estará activo en enero.La ley incluye reformas en los organismos reguladores, los mercados financieros, la contratación pública y privada, la desgravación por vivienda y la creación de empresas. Además, pretende que la actividad se oriente hacia sectores con potencial de crecimiento a largo plazo.Uno de los principales objetivos de la norma es establecer principios de buena regulación económica para crear un marco normativo «estable y predecible» con bajo nivel de cargas administrativas. Para facilitar la creación de empresas y su actividad se reducen significativamente los plazos y los costes para favorecer la competencia. Así, las sociedades limitadas más pequeñas, las que tengan un capital inicial de entre 3.000 y 3.100 euros y que suponen el 80% de las que se crean en España, podrán constituirse en un día y con un coste administrativo de sólo cien euros.
Además, las empresas con un capital inicial de hasta 30.000 euros, el 15% del total, podrán constituirse en un plazo máximo de cinco días y con un coste que no superará 250 euros.Las cuentas claras. El Gobierno limitará también la composición de los organismos reguladores, Comisión Nacional de la Energía (CNE), Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y Comisión Nacional de la Competencia (CNC), a un presidente y cuatro consejeros. También propone que las sociedades cotizadas estén obligadas a poner a disposición de los accionistas las retribuciones de los consejeros y que se voten en la Junta General.Para garantizar la sostenibilidad de las administraciones, las entidades locales estarán obligadas a informar cada tres meses de su situación presupuestaria y de los pagos pendientes.
Asimismo, la Administración General del Estado tendrá que presentar en un plazo de seis meses un plan de austeridad y de calidad en el gasto. Las modificaciones de los contratos del sector público estarán limitadas al 20% del importe adjudicado y sólo podrán llevarse a cabo cuando se haya previsto previamente en los pliegos o en el anuncio del concurso, o cuando concurran causas de fuerza mayor. Medidas para reducir la morosidad. La ley también contiene nuevas medidas para reducir la morosidad en pymes y autónomos como la reforma de la Ley de Contratos del sector público que obligará a las administraciones a abonar el pago a las empresas en los treinta días siguientes a la expedición de las certificaciones de obras, a partir de 2013. También se regula un plazo máximo de sesenta días para el pago a pequeñas empresas y autónomos por parte del cualquier contratador privado. En materia fiscal, se aumentará la deducción en el Impuesto sobre Sociedades para las actividades de Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) de un 8% al 12%, mientras que la desgravación por proyectos medioambientales subirá del 4% al 8%, para potenciar la inversión.
En vivienda, se limita, a partir de enero de 2011, la deducción por compra a las rentas inferiores a 24.107,20 euros, se equipara fiscalmente el tratamiento del alquiler al de adquisición y se crea una deducción para las obras del 10% para un máximo de 3.000 euros al año.Todas estas medidas irán acompañadas de una reducción de un 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2020. Además, la ley recoge la posibilidad de interrumpir la conexión a Internet, previa autorización judicial, a las personas que descarguen archivos protegidos por derechos de autor.

Fuente: ABC
Fecha de Publicación: Diciembre 2009

La formación continua de los trabajadores no es una prioridad en las empresas españolas. Y eso que existen bonificaciones destinadas a tal efecto que reducen un 60% el coste de la inversión para las grandes compañías y llegan a cubrir el 100% de la financiación en el caso de las pymes. Pese a todo, durante 2008, sólo el 12% de las empresas que tenían acceso a estos fondos impartieron cursos a sus empleados, según un informe publicado ayer por la empresa de formación Garben basado en los datos de Fundación Tripartita. El desconocimiento de las ayudas, la alta temporalidad y la falta de una cultura de preparación profesional continua son algunas de las claves del problema.

Este tipo de bonificaciones está disponible desde 2004. Los planes de formación profesional se alimentan de las cotizaciones a la Seguridad Social que efectúan empresas (un 0,6%) y trabajadores (un 0,1%) por este concepto. Así, cada compañía tiene a su disposición una cantidad de dinero, dependiendo del número de empleados que tenga, para financiar la formación de su plantilla. El pasado año, 1.667.865 empresas podían percibir ayudas -los autónomos sin empleados no tienen derecho-, pero sólo las solicitaron 200.708.

El Estado les concedió un total de 575,2 millones de euros, pese a lo que las compañías tan sólo invirtieron el 68% del montante recibido. Sin ser grandes datos, lejos quedan estas cifras de los 318 millones de euros repartidos en 2005, cuando sólo 60.165 empresas se beneficiaron del fondo. Desde entonces, la difusión de esta posibilidad ha incrementado progresivamente el número de interesados.

Las pequeñas empresas, sin embargo, siguen lastrando el resultado. Mientras que el 81% de las grandes compañías ya aprovechan esta financiación, apenas y el 37% de las medianas (entre 10 y 249 empleados) y sólo el 8% de las pequeñas empresas se sirven de estos planes.

‘Las pymes son libres de elegir cuándo, cómo y donde forman a sus empleados’, subraya el presidente de Garben, Manuel Garrido. No obstante, la valoración que los empresarios hacen de la preparación de su plantilla sigue siendo muy baja, y pese a que su coste sea cero, no se apuesta por una mejora cualitativa del personal. El fenómeno se acentúa en el caso de los trabajadores temporales, en quienes las empresas no se molestan en invertir ni el tiempo en solicitar los fondos.

Los expertos de Garben se temen, además, que la crisis incida negativamente y que los cursos de formación sufran un retroceso durante este año. El hecho de que las empresas deban adelantar el dinero para recibirlo al cierre del ejercicio impedirá a aquellas compañías con problemas de tesorería afrontar el desembolso inicial.

FUENTE: Cinco Días
Fecha de Publicación: Noviembre 2009

El Consejo de Ministros aprobará su plan de prestación por cese de actividad para los trabajadores autónomos el próximo 13 de noviembre, pese a que las asociaciones del colectivo no están del todo conformes. Desde UPTA esperan que la tramitación parlamentaria amplíe la cobertura, e intentarán comprometer al Gobierno a revisar el sistema en dos años. ATA, por su parte, considera inaceptable que los autónomos deban cotizar durante un año para recibir dos meses de cobertura, hasta un máximo de medio año de prestación por 36 meses de cuotas.

Éstas serán voluntarias -excepto para colectivos de riesgo y autónomos dependientes- e incluirán indivisiblemente la cotización por contingencias comunes y profesionales. El Gobierno cree que, teniendo en cuenta a los autónomos agrarios, 550.000 trabajadores por cuenta propia se adscribirán al sistema en 2010. El borrador definitivo desarrolla, además, los supuestos en los que podrán recibir la prestación, como registrar una caída de la actividad superior al 40% o sufrir un 50% de impagos.

FUENTE: Cinco Días
Fecha de Publicación: Noviembre 2009