La Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) analiza hoy, en su primera reunión mensual tras las vacaciones, la reforma de pensiones que presentó el Gobierno la semana pasada. El vicepresidente de la CEOE y presidente de la patronal madrileña CEIM, Arturo Fernández entiende que la propuesta del Gobierno «es la única manera de que las pensiones se mantengan estables». «En la Junta Directiva mensual [de hoy] vamos a analizar la propuesta del Gobierno. También lo vamos a hacer junto a los sindicatos, y mañana haremos un comunicado para valorar la propuesta del Gobierno.
Más de dos años después de que el Gobierno decidiera pasar la factura a las grandes empresas con beneficios que prejubilaban a empleados mayores de 50 años, el Ministerio de Empleo ha dado las primeras órdenes de cobro. Según precisa en una respuesta parlamentaria a Carles Campuzano, diputado de CiU, “se encuentran en fase provisional de liquidación las aportaciones correspondientes a determinadas empresas que iniciaron despidos colectivos en 2011”.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ofrece a las agencias privadas de colocación entre 300 y 3.000 euros por cada parado al que encuentren trabajo durante un tiempo mínimo, así como un 15% de esas cantidades por la resolución de irregularidades que concluyan con alguna sanción al desempleado. Estos son algunos de los incentivos establecidos por el SEPE en el pliego de condiciones de la licitación de contratos de colaboración para la inserción de personas desempleadas, a los que las empresas interesadas pueden optar presentando sus ofertas económicas hasta el próximo 30 de agosto.
El pliego, publicado en la web del organismo público, incluye los precios máximos unitarios de licitación (IVA incluido), que oscilan entre los 300 euros por la colocación de menores de 45 años que lleven de 3 a 6 meses en el paro y los 3.000 euros por encontrar empleo a mayores de 45 años que lleven más de 2 años desempleados. La cuantía por inserción se cobrará siempre que las personas colocadas en el mercado laboral estén contratadas por un plazo equivalente al menos a seis meses a tiempo completo en un periodo de ocho meses. En el caso de contratos fijos discontinuos, la duración mínima requerida es de seis meses a tiempo completo en el periodo de un año. La cantidad a pagar podrá ser minorada si las inserciones se producen mediante contrato a tiempo parcial.
La licitación ofrece también la posibilidad de pagar una cuantía fija por cada persona en paro encomendada a la agencia, independientemente de si se le encuentra trabajo, que no podrá superar el 50% de la cuantía por inserción, con un máximo de 400 euros. A ello se suma el incentivo de hasta 1.000 euros por la especial dificultad de inserción de la persona encomendada (personas con discapacidad o riesgo de exclusión) y el incentivo por el mantenimiento continuado del empleo por otros seis meses adicionales, que podrá alcanzar hasta el 50% de la cuantía por inserción. Además, se ofrece un pago de hasta el 15% de la cuantía de inserción por la resolución de irregularidades que concluyan con la imposición de alguna sanción al desempleado y que se pagará aunque no se le consiga empleo.
Los contratos ofrecidos por el SEPE tendrán una duración de dos años con posibilidad de prórroga por dos años más y están dirigidos a agencias de colocación acreditadas que demuestren solvencia económica y financiera, además de solvencia técnica y profesional. Serán los servicios públicos de empleo los que designen al grupo de personas desempleadas que cada agencia tendrá encomendado para su inserción laboral. Las agencias de colocación no percibirán pago alguno por parte de los servicios públicos de empleo por las personas encomendadas si obtuvieran también una remuneración por esas mismas personas por parte de su empleador.
Un decreto ley establece la ampliación automática del plan Prepara mientras la tasa de paro supere el 20%
Este viernes entra en vigor la prórroga automática del Plan Prepara, en el que se incluyen ayudas de hasta 450 euros mensuales para parados de larga duración sin ingresos, al no haberse reducido la tasa de paro por debajo del 20%.
El Gobierno aprobó el pasado 25 de enero un real decreto ley en el que se establecía la prórroga automática de este programa por periodos sucesivos de seis meses hasta que la tasa de paro, según la Encuesta de Población Activa (EPA), no baje del 20%.
Según explica el Ejecutivo en una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la tasa de paro del segundo trimestre ha sido del 26,26%, porcentaje que mejora en nueve décimas la tasa del trimestre anterior pero que continúa por encima del 20%. Por este motivo, el Gobierno procede a prorrogar por otros seis meses del plan Prepara.
El plan incluye ayudas económicas de 400 o 450 euros, según los casos, con una duración máxima de seis meses. Tras los últimos cambios en el plan, realizados hace un año, se tienen en cuenta los ingresos de los ascendientes (padres) a la hora de valorar si el desempleado cumple el requisito de rentas exigido para poder cobrar la ayuda de 400 euros.
Para beneficiarse del Plan Prepara, los solicitantes deben estar inscritos como demandantes de empleo y carecer de rentas de cualquier naturaleza superiores en cómputo mensual al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (481 euros), excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. Se entiende que se cumple el requisito cuando la suma de las rentas de los integrantes de la unidad familiar, incluida la del solicitante y dividida por el número de miembros que la componen, no supere esos 481 euros.
La ayuda alcanza los 450 euros en aquellos casos en los que los beneficiarios tienen a su cargo a dos miembros de la unidad familiar, además de a su cónyuge o pareja de hecho. Para el resto de los desempleados, la ayuda es de 400 euros mensuales.